El ciudadano búlgaro Peter Dimitrov Mirchev compareció ante un tribunal federal en Estados Unidos tras ser extraditado desde España, acusado de encabezar una red internacional dedicada a suministrar armamento militar al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delictivos más violentos de México. De acuerdo con la acusación, Mirchev no actuaba solo. La operación incluía a ciudadanos de Kenia, Tanzania y Uganda, en una red que operaba entre Europa, África y América para abastecer al narcotráfico con armas de alto poder. Las autoridades estadounidenses señalan que desde 2022, Mirchev y sus cómplices conspiraron para vender armas de uso militar al CJNG, incluyendo ametralladoras, lanzacohetes, granadas, rifles de francotirador e incluso sistemas antiaéreos. El objetivo, según la investigación, era fortalecer la capacidad del cártel para traficar grandes cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Uno de los mecanismos clave de la operación fue la obtención fraudulenta de certificados de usuario final (EUC), documentos que permiten la exportación legal de armas. A través de estos, los acusados simulaban que el destino del armamento era otro país, cuando en realidad estaba dirigido al CJNG. Como prueba inicial, la red logró enviar 50 fusiles AK-47 desde Bulgaria, junto con cargadores y municiones. La magnitud del esquema quedó evidenciada en la lista de armamento que Mirchev presuntamente ofreció al CJNG, valuada en más de 53 millones de euros (58 millones de dólares). Entre el arsenal contemplado figuraban: misiles tierra-aire, drones antiaéreos, sistemas de armas como el ZU-23 y minas antipersona. Este nivel de armamento refleja una preocupante escalada en el poder de fuego de los cárteles mexicanos, cada vez más equiparables a fuerzas militares. El caso forma parte de una estrategia más amplia del gobierno estadounidense para desmantelar redes de narcotráfico y frenar el flujo de armas hacia organizaciones criminales en México.
