El Senado de Estados Unidos confirmó al republicano por Oklahoma, Markwayne Mullin, como nuevo secretario de Seguridad Nacional. Con ello, se convierte en el relevo de la polémica Kristi Noem y en uno de los cargos más delicados del gobierno de Donald Trump. La confirmación salió adelante este lunes con una votación de 54 a 45. Mullin llega al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mientras la agencia enfrenta un bloqueo presupuestario desde el 14 de febrero, arrastra críticas por las operaciones migratorias del ICE y está bajo presión por el despliegue de agentes en aeropuertos para apoyar a la TSA en medio de largas filas y falta de personal. Más que un especialista tradicional en seguridad o migración, Mullin es visto en Washington como un aliado político muy cercano a Trump. Analistas consideran que su ascenso estuvo impulsado en gran parte por esa relación de confianza y por su respaldo firme a la agenda migratoria del presidente. Esa cercanía explica buena parte de su nombramiento, aunque durante su audiencia de confirmación intentó proyectarse como una figura de “mano firme” con voluntad de bajar la temperatura política alrededor del DHS. En los hechos, se espera que siga la línea marcada por la Casa Blanca en migración, deportaciones y seguridad fronteriza. El nuevo secretario no tiene un perfil convencional en seguridad. En su biografía oficial, el Senado destaca que antes de su carrera política dirigió durante más de dos décadas el negocio familiar Mullin Plumbing, en Oklahoma, y se le considera como uno de los pocos empresarios activos que han llegado al Senado. También subraya que es miembro inscrito de la Nación Cherokee, además de ser el primer ciudadano tribal en servir en el Senado estadounidense en casi dos décadas. Pero además es expeleador de artes marciales mixtas y una figura conocida en el Capitolio por su presencia en el gimnasio del Congreso y por cultivar relaciones con legisladores de ambos partidos. Mullin sustituye a Kristi Noem, cuya gestión quedó muy golpeada por la controversia alrededor de las redadas y deportaciones, además de cuestionamientos por el uso de la fuerza y el manejo del DHS en plena crisis. Se considera que Noem fue despedida tras una fuerte reacción pública relacionada con las prácticas de control migratorio y con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en protestas vinculadas al ICE. La llegada de Mullin, por tanto, no solo representa un cambio de nombre, sino un intento de Trump por reordenar una agencia que se volvió una fuente constante de desgaste político. Su primer gran problema será destrabar el financiamiento del DHS. La agencia lleva semanas operando bajo presión por el cierre presupuestario, con efectos visibles en aeropuertos por la falta de personal de la TSA. Pero no será el único frente, Mullin también hereda la presión sobre las operaciones del ICE, las exigencias de los demócratas para reforzar controles sobre los agentes migratorios y el futuro de FEMA. En ese punto mostró un matiz respecto a Noem: durante su audiencia, rechazó la idea de eliminar FEMA y prometió revertir una política que exigía aprobación personal para contratos grandes, una medida que había sido criticada por frenar la respuesta a desastres.
