Este miércoles, los magistrados del Tribunal Supremo mostraron escepticismo ante los argumentos de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres indocumentados o con visados temporales. En una vista a la que asistió el propio mandatario, los jueces cuestionaron de manera insistente tanto a los abogados del Gobierno como a los letrados de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), organización que apoya la demanda y califica de «anti constitucional» la orden ejecutiva con la que Trump busca implementar su controvertida política. El procurador general, John Sauer, defendió la postura del Gobierno, insistiendo en que los tiempos han cambiado desde la adopción en el siglo XIX de la Enmienda 14, que consagra el derecho a la ciudadanía para los nacidos en el país. Añadió que la medida presidencial busca combatir el llamado «turismo de parto» y la inmigración irregular. Trump también ha criticado en repetidas ocasiones el turismo para dar a luz en territorio estadounidense con el fin de obtener una doble nacionalidad. Este lunes, el presidente ya había arremetido contra la «estúpida» sistema judicial de EE.UU., que, a su juicio, mira impasible cómo «el mundo se está enriqueciendo vendiendo ciudadanías» del país. Más de 30 naciones, entre ellas Estados Unidos, garantizan este derecho con excepciones para hijos de diplomáticos, la mayoría en América Latina. En Europa, la ciudadanía suele estar condicionada a requisitos como que al menos uno de los padres sea ciudadano o residente legal. En el caso de España, solo se reconoce el derecho si al menos uno de los progenitores ha nacido en el país o cuando los padres no pueden transmitir su nacionalidad al hijo. Expertos legales y activistas advierten que una victoria para el republicano sentaría un precedente peligroso para la protección de los derechos constitucionales. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente en ejercicio asistió a una audiencia ante el Tribunal Supremo. Trump llegó diez minutos antes del inicio de la vista y se marchó aproximadamente una hora después, escuchando en silencio desde la primera fila de la sección pública, a escasa distancia del atril de Sauer. En la sala también estuvieron presentes la fiscal general, Pam Bondi, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el reconocido actor Robert De Niro, una de las voces más críticas con Trump. Fuera del edificio, decenas de manifestantes se congregaron para protestar contra el presidente y sus políticas. «¡Somos el único país del mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por ‘derecho de nacimiento!'», escribió Trump en su red social Truth Social tras abandonar el tribunal. Limitar la ciudadanía automática para hijos de migrantes irregulares fue una de las promesas de campaña del líder republicano, que regresó al poder hace más de un año con una recrudecida política antiinmigración. «Pero la Constitución sigue siendo la misma», replicó a Sauer el presidente del Supremo, John Roberts. Otros jueces de la mayoría conservadora, como Samuel Alito, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, también presionaron a la Administración sobre la interpretación histórica y los precedentes esgrimidos por Sauer, que a juicio de los magistrados podrían obrar en contra de los argumentos del Gobierno. Barrett, considerada un voto bisagra, indicó que las salvedades propuestas por Trump a la ciudadanía por derecho de nacimiento no figuran explícitamente en la legislación, algo que secundó otro conservador clave, Brett Kavanaugh, quien advirtió que el Congreso habría modificado el lenguaje en leyes posteriores si hubiera identificado alguna anomalía. Los jueces también hicieron preguntas incisivas a la abogada de la ACLU, Cecillia Wang, defensora del grupo de inmigrantes que presentó la demanda, aunque estas parecieron estar más orientadas a esclarecer cuestiones legales que a atacar la posición de los demandantes. En junio pasado, la mayoría conservadora de la Corte (6-3) respaldó a Trump en su petición de levantar los bloqueos estatales a su orden, pero no decidió sobre su constitucionalidad.
